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La sentencia a los 9 es una injusticia y Bolivia recurrirá al Pacto de Bogotá


LUIS FERNANDO CRUZ RÍOS / Cambio Como una condena injusta calificó ayer el Gobierno la sentencia de tres años y un día, la expulsión de Chile y el pago de 32 millones de pesos para nueve bolivianos. Bolivia denunciará en el Pacto de Bogotá la tortura a los connacionales por la gendarmería chilena en momento de su aprehensión. La jueza Isabel Peña condenó a los funcionarios de Aduana David Quenallata Laurel, Carl Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Quenallata Méndez y Diego Guzmán por el presunto delito de robo con violencia, y fueron absueltos por porte ilegal de armas de fuego. Además, se prohibió su ingreso a Chile por 10 años. Declaró culpables al capitán Carlos Calle Soliz y al suboficial Álex Carvajal Uchani, del Ejército Boliviano, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Ambos no podrán ingresar a ese país por 20 años. DENUNCIA El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, cuestionó que la jueza de Chile no consideró las declaraciones de violación de los derechos humanos de los nueve bolivianos por la gendarmería y contrabandistas chilenos en el momento de su aprehensión, por lo que se decidió acudir a la Comisión de Recepción e Investigación del Pacto de Bogotá. “Es lamentable que la jueza no haya tomado en cuenta la denuncia de tortura y vejámenes de la que fueron víctimas los nueve, son delitos no solamente sancionados por la ley chilena, sino en diferentes acuerdos internacionales que establecen la violación de los derechos humanos. Se hará la representación, son hechos graves que no pueden quedar así”, aseguró. El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá. La sentencia confirma que el Órgano Judicial de Chile no podía desmentir a la presidenta Michelle Bachelet, quien calificó los delitos de los nueve bolivianos, por lo que no fue posible que una jueza de sentencia desvirtué la acusación de la mandataria, señaló Ferreira. VIOLACION DEL ESTADO El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, confirmó que se acudirá a ese organismo porque la condena contra los nueve bolivianos viola la inmunidad jurisdiccional de Estado, que fue representada a través de un recurso de amparo en la Corte Suprema de Chile. Además de que se violó la inmunidad penal de funcionarios nacionales, “hay una serie de violaciones al derecho internacional”, aseguró. “Les hacemos conocer que Bolivia, una vez que se ha consumado este hecho, acudirá en los próximos días al Pacto de Bogotá para pedir una investigación seria y responsable de acuerdo con el procedimiento que está señalado en el tratado para la resolución pacífica de controversias suscrito por Bolivia y por Chile”, precisó. EXPULSIÓN El Juzgado de Garantía Pozo Almonte determinó la expulsión en un plazo de 30 días, previó cumplimiento de exigencias administrativas, dijo Ferreira. “Estimamos que en dos o tres días sea posible el retorno de nuestros compatriotas. Su regreso sería por tierra, en el puesto fronterizo de Colchane y serían recibidos en la frontera del territorio boliviano”. INJUSTA El presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: “3 años de sentencia es una injusticia que obedece a la soberbia de algunas autoridades de Chile #LiberenALos9”. Los movimientos sociales cuestionan la decisión Dirigentes de organizaciones sociales de mujeres cuestionaron la sentencia contra los nueve bolivianos detenidos injustamente por carabineros chilenos en territorio nacional el 19 de marzo de 2017, cuando perseguían a contrabandistas. La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, fustigó la decisión de la autoridad jurisdiccional de Chile y la calificó como ilegal. “Es injusto lo que se ha dado”, dijo en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, donde se desarrolló la Conferencia Mundial de los Pueblos, que analizó la ciudadanía universal, y anticipó que esa reunión respaldará la inocencia de los compatriotas. La asambleísta departamental de Cochabamba, Leonilda Zurita, expresó su repudio por una sentencia que dijo “se trata más un negociado de la justicia chilena” por la sanción económica impuesta por la juez chilena. “Por trabajo, por servidor público, luchando contra el contrabando y ahora pagarán una multa que es más un negocio; la detención, el agarrar, encarcelar, tenerlos tres meses y cobrarles semejante cantidad de plata”, manifestó. (ABI) Morales Es un fallo político y de revancha La sentencia del Juzgado de Garantía Pozo Almonte contra los nueve bolivianos es “política y de revancha” porque el Estado Plurinacional acudió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la demanda marítima, aseguró ayer el presidente Evo Morales Ayma. A través de su cuenta en Twitter @evoespueblo, escribió: “Fallo político. Los 9 bolivianos son inocentes; gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal”. “La defensa demostró que camiones chilenos llevaban contrabando, uno de ellos tiene frondoso prontuario. Los 9 bolivianos cumplían su deber”. “Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que 9 bolivianos vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción”. “Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya”, escribió el Jefe de Estado. Con ese criterio coincidió el ministro de la Presidencia, René Martínez. “Se abocó más a una justificación de aquella declaración anticipada de (Michelle) Bachelet y (Heraldo) Muñoz, vale decir que es una sentencia política que ya habían determinado las principales autoridades de Chile”, precisó en rueda de prensa. La jueza de Pozo Almonte en Iquique, Isabel Peña, declaró culpables a los nueve bolivianos y los condenó a tres años de cárcel, declaró su expulsión en el plazo de 30 días y fijo una multa pecuniaria. Tanto la presidenta Michelle Bachelet como el canciller Heraldo Muñoz anticiparon criterios de culpabilidad en contra de los connacionales incluso antes de que se sustancie el proceso.

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